Aprobada la Ley de Medidas Fiscales para mejorar la eficacia de la Administración y dinamizar la economía

La Asamblea de Madrid aprobó hoy la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, normativa con la que se pretende mejorar la eficacia y ahorro de la Administración regional así como contribuir a la dinamización de la economía de la Comunidad de Madrid. Tras debatirse las enmiendas a la Ley en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, la Ley fue aprobada por mayoría absoluta.

Como explicó el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Muñoz Abrines, la aprobación de esta Ley, al contrario de lo que está ocurriendo en otras regiones españolas, garantiza los sueldos y los puestos de trabajo de los empleados públicos, y lo hace, instaurando un modelo basado en la mejora de la productividad.

Muñoz Abrines criticó las enmiendas propuestas por PSOE, IU y UPyD, ya que, según destacó, éstas se centraban en “aprobar una subida de impuestos sobre la renta y el ahorro que, en una situación de crisis y sobreendeudamiento de las familias españolas como la actual, resultaría muy perjudicial para conseguir la recuperación económica”.

El portavoz popular explicó también que con la aprobación de esta Ley se pretende erradicar las prácticas abusivas en las bajas laborales y, en definitiva, profundizar en el plan de ahorro y eficiencia que el Gobierno regional puso en marcha en 2007. Según cálculos de la Consejería de Economía y Hacienda, en su conjunto, la Ley podría propiciar un ahorro cercano a los 110 millones de euros anuales.

“Creemos que para salir de la crisis económica, los trabajadores públicos deben hacer un nuevo esfuerzo, arrimar el hombro y adaptarse a la realidad actual en la que deben primar la productividad y la eficacia”, explicó Muñoz Abrines.

Para ello, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas iguala la jornada laboral de todos los empleados públicos en 37,5 horas semanales, fija en seis los días de asuntos particulares o libre disposición y reordena los días de permiso por antigüedad, ajustándose así al Estatuto Básico del Empleado Público. Se estima que estas iniciativas pueden generar un ahorro cercano a los 83 millones de euros cada año, incrementando la productividad en 12 millones de horas al año.

Con la decisión de igualar la jornada laboral se pretende evitar también las desigualdades entre los diferentes empleados de la Administración, donde existen profesiones cuya jornada actual es de 35 horas y otras que ya tienen las 37,5 horas reconocidas, como el personal docente y el personal funcionario al servicio de la administración de Justicia. Se calcula que esta medida puede afectar a cerca de 120.000 empleados.

Control a las bajas laborales

La Ley plantea también la necesidad de mejorar el control a las bajas laborales (excluídas las bajas por maternidad y accidente laboral) con el fin de conseguir una Administración más eficiente y reducir el absentismo en más de un 40%.

Para ello, la Comunidad de Madrid dejará de abonar los complementos económicos voluntarios que, hasta ahora, aportaba en el supuesto de bajas temporales por enfermedad común del trabajador. Esta medida supone adoptar en la administración regional criterios propios del mundo empresarial, aplicando a los empleados públicos el régimen de seguridad social que les sea de aplicación bien el general de Seguridad Social o el especial de MUFACE.

Esta iniciativa busca, más allá de un ahorro, que se calcula en unos 26 millones de euros, introducir un elemento de contención del absentismo laboral ligado a enfermedad comun e incrementar la productividad de la Administración, teniendo en cuenta que el año pasado, la Administración regional perdió por bajas de entre 4 y 20 días por enfermedad común 3 millones de horas –el equivalente a la jornada completa de 20.000 trabajadores en un mes-, un 6% del total de horas establecidas, mientras que en la empresa privada se pierde de media un 3%.

Deducciones educativas

La Ley de Medidas incluye también un cambio fiscal, ya que se modifican las deducciones por gasto educativo en el Impuesto de la Renta. Así, se amplía el tramo de edad deducible al segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, a partir de los 3 años y hasta los 16. Hasta ahora el tramo deducible estaba fijado entre los 6 y los 16 años.

Estas deducciones, destinadas a familias que llevan a sus hijos a centros públicos, concertados o privados, son en concepto de escolaridad, adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar y enseñanza de idiomas.

En la actualidad, según datos de la Consejería de Educación y Empleo, 287 colegios públicos (sobre 750 centros) han optado por el uniforme. Además, en 2010 de las 575.000 familias que se beneficiaron de estas desgravaciones, 502.000, es decir, el 87,3%, llevaban a sus hijos a colegios públicos o concertados, centros sostenidos con fondos públicos.

Eliminación de organismos

La Ley de Medidas Fiscales continúa también profundizando en el plan de ahorro y racionalización de servicios puesto en marcha en 2007 por la Comunidad de Madrid. Si desde entonces se han eliminado más de un centenar de organismos públicos, ahora con esta Ley se opta por eliminar el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia Madrileña para la Emigración.

Asimismo, se concreta y hace realidad la unidad accionarial de Metro SA, de manera que esta empresa pública pasa a ser de titularidad y competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, catalogándose como transporte supramunicipal. Esta decisión supone la creación de una Comisión Mixta (Comunidad–Ayuntamiento) que deberá establecer las condiciones del traspaso.

Suelo industrial

En materia de Suelo, la Ley de Medidas Fiscales elimina la obligación de ceder suelo industrial para las llamadas redes locales y generales, destinadas, por ejemplo, a la creación de zonas verdes. El objetivo de esta norma es facilitar la generación de actividad económica en polígonos industriales, eliminar cargas a la gestión del suelo y, por tanto, crear condiciones favorables para la creación de empleo.

Asimismo, en materia de cesión de suelo para la construcción de vivienda protegida, la nueva Ley adapta la normativa regional a lo marcado por la Ley del Suelo Estatal, que fija en un 30% el porcentaje mínimo de edificabilidad que debe cederse de cada desarrollo urbanístico para la construcción de vivienda protegida.

Flexibilidad comercial
Con la nueva Ley se elimina también la obligatoriedad por parte de los establecimientos de contar con una licencia especifica para vender bebidas alcoholicas. Se eliminan también las restricciones para la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales ubicados en gasolineras.

Asimismo, las farmacias dispondrán de mayor flexibilidad de horario comercial, garantizando, en todo caso, los horarios mínimos de apertura y guardias que que hoy existen y mejorando, por tanto, el acceso de los consumidores a los medicamentos y artículos farmacológicos.

Por último, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativa fija un sistema de compensación diseñado para todos aquellos ayuntamientos que prefieran no suscribir el convenio por el que se incorporan al nuevo modelo de gestión del Canal de Isabel II. De este modo, se establece una cantidad anual por habitante desde el momento en el que se produzca la capitalización del Canal de Isabel II hasta que se decida la disolución de los convenios que, en la actualidad, tienen firmados los municipios con esta entidad.